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La falsa premisa de la Enmienda para la Igualdad de Derechos

Jarrett Stepman | 22 de junio de 2018

La activista conservadora Phyllis Schlafly organizó la oposición popular a la Enmienda para la Igualdad de Derechos en los años setenta. (Fotografía: Everett Collection/Newscom)

(Daily Signal) – La idea de que la Constitución no protege la igualdad de derechos de las mujeres, o que los fundadores no incluyeron a las mujeres en sus ideas sobre los derechos individuales, es completamente errónea.

Desafortunadamente, algunos autodenominados miembros del movimiento “Me Too” [Yo también] han recibido de brazos abiertos la llamada Enmienda para la Igualdad de Derechos que pretende “arreglar” la Constitución, incluida la actriz Alyssa Milano, quien habló en mítines para generar apoyo, en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C.

Illinois recientemente se convirtió en el estado número 37 en ratificar esta propuesta de enmienda constitucional, que dice, en parte: “La igualdad de derechos bajo la ley no será negada o reducida por los Estados Unidos o por ningún Estado a causa del sexo”.

La enmienda ha sido un tema muy importante para la izquierda durante bastante tiempo. En 2014, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg la llamó su adición preferida a la Constitución.

“Si pudiera elegir una enmienda para agregar a la Constitución, sería la Enmienda para la Igualdad de Derechos”, dijo Ginsburg. “(…) Me gustaría que cuando mis nietas agarren la Constitución vean esa noción -que las mujeres y los hombres son personas de la misma importancia- me gustaría que vieran que es un principio básico de nuestra sociedad”.

En última instancia, los intentos por aprobar la Enmienda para la Igualdad de Derechos han sido en su mayoría simbólicos por el momento.

La aprobación de una enmienda constitucional requiere que los 38 estados la ratifiquen. Esto aparentemente pone la Enmienda para la Igualdad de Derechos a un estado de ser aprobada; sin embargo, la mayoría de los estados que ratificaron la enmienda lo hicieron en la década de 1970, y de hecho, cinco anularon su voto (Nebraska, Tennessee, Idaho, Dakota del Sur y Kentucky).

Cuando el Congreso aprobó la Enmienda para Igualdad de Derechos en 1972, insistió en que la enmienda fuera ratificada por todos los estados para 1982, es decir, en un plazo de 10 años.

Sólo 35 estados ratificaron la Enmienda antes de la fecha límite. Es probable que esos estados tengan que volver a ratificar la enmienda para que sea aprobada.

La Enmienda para la Igualdad de Derechos es probable que esté lejos de ser aprobada, pero merece la pena señalar la premisa falsa sobre la que se basa.

Muchos de la izquierda acusan a la Constitución de no proteger la igualdad de derechos para las mujeres. Sin embargo, eso es sencillamente incorrecto y resulta erróneo caracterizar el documento como intrínsecamente sexista.

Como escribió el historiador Thomas G. West en su libro “Vindicating the Founders: Race, Sex, Class, and Justice in the Origins of America” [Revindicando a los padres fundadores: raza, sexo, clase y justicia en los orígenes de los Estados Unidos] es incorrecto afirmar que los documentos fundacionales sean intrínsecamente sexistas.

“La palabra ‘hombres’ en la Declaración [de Independencia] significa humanidad, seres humanos, hombres y mujeres, de cualquier color o raza”, escribió West.

Si bien los padres fundadores ciertamente no tenían el punto de vista moderno sobre la igualdad de hombres y mujeres, eso no quiere decir que no creyeran que las mujeres también calificaran para los derechos y las dignidades básicas sobre las que se fundaría el nuevo país.

West señaló que Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, explicó en sus famosas “Notas sobre el Estado de Virginia”, que sólo una sociedad bárbara le negaría a las mujeres los derechos de igualdad que Dios les había otorgado.

Al reconocer estos derechos, Jefferson explicó, sin embargo, que debía reconocerse que los hombres y las mujeres eran diferentes.

Esto creó algunos problemas para los primeros defensores de una Enmienda para la Igualdad de Derechos en la década de 1920. Muchas mujeres, especialmente las que laboraban en industrias obreras, temían perder protecciones especiales diseñadas para las mujeres y las madres que trabajaban en industrias que requerían labor manual.

“Los hombres civilizados, en opinión de Jefferson, no abusan de su natural fuerza superior. Tratan a las mujeres como seres libres, no como esclavas obligadas a trabajar duro para sus amos varones”, escribió West.

La civilización, escribió Jefferson, “primero nos enseña a someter las pasiones egoístas y a respetar los derechos de otros que valoramos en nosotros mismos. Si viviéramos en igualdad de barbarie, nuestras mujeres estarían en igualdad de esclavitud”.

La Constitución, siguiendo esta línea de pensamiento, no hace distinción entre hombres y mujeres.

“Cada vez que la Constitución habla de ‘privilegios garantizados a las personas’, se deduce claramente que las mujeres están siempre incluidas”, escribió West. “¿O debemos suponer que la garantía constitucional del 'privilegio del recurso de hábeas corpus' significa que las mujeres (no los hombres) pueden ser encarceladas sin ser acusadas de un delito específico? … Obviamente no”

Desde los orígenes de la nación, las mujeres podían dar testimonio igualitario ante los tribunales, tener propiedades e incluso votar en algunos estados.

Si bien la 19ª Enmienda garantizó el derecho de voto a nivel nacional, muchos estados permitieron que las mujeres votaran mucho antes de que la ley entrara en vigor en 1920.

De hecho, Nueva Jersey permitió que las mujeres votaran en la década de 1790, en una período en el que el voto estaba prohibido para algunos hombres, como aquellos que no poseían propiedades. En particular muchos estados del Oeste le permitieron votar a las mujeres en el siglo XIX.

En última instancia, la aprobación de la Enmienda para la Igualdad de Derechos probablemente ocasione más problemas de los que resuelva, incluso para aquellas personas que se han convertido en partidarios de la misma.

Por un lado, significaría que las mujeres tendrían que estar registradas para el servicio militar, y por otro, podría implicar la eliminación de leyes que benefician a las mujeres, como la pensión alimenticia.

La fallecida activista conservadora Phyllis Schlafly, que jugó un papel decisivo en la anulación de la Enmienda para la Igualdad de Derechos en la década de 1970, escribió en 2007 que “Aboliría la premisa de que el marido debe mantener a su esposa y eliminaría los beneficios de Seguridad Social para las esposas y las viudas”.

“También otorgaría a los tribunales federales y al gobierno federal nuevos poderes de gran alcance para reinterpretar cada ley que haga una distinción basada en el género, como las relacionadas con el matrimonio, el divorcio y la pensión alimenticia”, escribió Schlafly.

Las preocupaciones del movimiento “Me Too” tienen más que ver con la cultura que con cualquier otra cosa, y aunque es poco probable que la Enmienda para la Igualdad de Derechos convierta a los Harvey Weinstein del mundo en ángeles, el objetivo de muchos de sus defensores es codificar en forma de ley los elementos más extremos de la revolución sexual.

A los grupos pro-vida les preocupa que la Enmienda para la Igualdad de Derechos pueda ser un método para agregar un derecho constitucional al aborto financiado por los contribuyentes.

Algunos defensores de la Enmienda para la Igualdad de Derechos han argumentado que poner cualquier limitación al aborto sería una violación de la Enmienda y una forma de discriminación sexual.

Ciertamente, agregar un lenguaje neutral sobre el aborto a la enmienda propuesta, ha encontrado una feroz oposición en el pasado.

Alexandra DeSanctis, columnista conservadora de National Review, explicó por qué la Enmienda para la Igualdad de Derechos es a la vez inútil con relación a las preocupaciones específicas del movimiento “Me Too” y peligrosa en lo que respecta a la Constitución.

DeSanctis escribió:

Si se salen con la suya, ya no será el Departamento de Salud y Servicios Humanos el que obligue a los empleadores a subsidiar anticonceptivos y abortivos; será la Enmienda para la Igualdad de Derechos. Cuando los gigantes de la industria del aborto insistan en que el Congreso use el dinero de los contribuyentes para financiar abortos, vendrán con una copia del documento fundacional de Madison. Toda demanda de total libertinaje sexual, facilitada por el estado, de repente tendrá detrás el imprimátur de la Constitución de los Estados Unidos. Eso es lo que buscan.

Schlafly y un poderoso contingente de conservadores sociales, liderados por mujeres tradicionalistas, destruyeron la Enmienda para la Igualdad de Derechos incluso en los días culturalmente vertiginosos de la década de 1970, y de la misma manera, éste debería continuar siendo un tema muerto.

La Constitución ya protege los derechos naturales de igualdad de las mujeres. No es necesario revisar el documento para incluir un arma para la ingeniería social de izquierda a escala nacional.