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El juez reprende a los abogados de la Administración de Obama de mala conducta

Hans von Spakovsky | 8 de abril de 2015 

En una orden emitida la noche del martes, el juez Andrew Hanen del tribunal federal de distrito se negó a levantar el interdicto preliminar que había emitido anteriormente para detener la ejecución del plan de amnistía migratoria anunciada por el presidente Obama el noviembre pasado. 

Y en una segunda orden, el Juez Hanen, obviamente enfurecido, dijo que "los abogados del Gobierno tergiversaron los hechos" a la corte.

Juez Hanen emitió su mandato el 16 de febrero en la demanda presentada por 26 estados en un tribunal federal de Texas. El 23 de febrero, el Departamento de Justicia presentó una moción pidiéndole a Hanen para detuviera su requerimiento judicial en espera de una apelación ante el Quinto Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 3 de marzo, el Departamento de Justicia presentó un "Aviso" con Hanen, que le informaba de que entre el 20 de noviembre, cuando el presidente anunció su nuevo plan, y el 16 de febrero, cuando se emitió la orden judicial, el Departamento de Seguridad Nacional había comenzado a implementar parte del plan del presidente mediante la emisión de los aplazamientos de tres años a más de 100,000 extranjeros ilegales.

El Departamento de Justicia había dicho que el Plan de Inmigración de Obama no se había implementado

Esto a pesar del hecho de que el Departamento de Justicia le había asegurado al Juez Hanen en numerosas ocasiones, tanto en los tribunales y en los alegatos escritos, que ninguna parte del plan del presidente se implementaría hasta finales de febrero. En el Aviso, el Departamento de Justicia no admitió que había engañado a la corte; que sólo estaba tratando de aclarar cualquier "confusión" que podría haber ocurrido.

El juez Hanen obviamente veía las cosas de manera diferente.

En la orden del martes por la noche sobre el interdicto, Hanen dijo que quedó "convencido" de que sus conclusiones y resoluciones iniciales eran correctas y que por una serie de razones, "las decisiones tomadas anteriormente por esta Corte se han reforzado".

Por ejemplo, Hanen había basado su mandato en parte por la "abdicación" de la administración de sus deberes en hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Hanen señaló que "las medidas recientes adoptadas por el Gobierno confirman que ha abdicado la ejecución".


Agente de la Patrulla Fronteriza EE.UU. Joe Gutiérrez. (Foto: Paul Hennessy / Polaris / Newscom)

Una de esas acciones citadas por Hanen fue la reacción de Obama en una reunión en el ayuntamiento celebrada después que la orden judicial fue emitida a un individuo molesto sobre una orden de deportación. Obama dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza o funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas que no siguieran su nuevo plan de inmigración que frena las deportaciones para aquellos que califiquen bajo su nuevo plan serían castigados: si "ellos no siguen la política, habrá consecuencias a ella".

Según Hanen, el mensaje de Obama a los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y de la nación "es claro". En primer lugar, las leyes federales de inmigración que "los funcionarios están encargados de implementar, no deben ser implementadas cuando esas leyes están en conflicto" con el plan del presidente. En segundo lugar, "los criterios establecidos [en el plan del presidente] son ​​obligatorios". En tercer lugar, si los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional "fallan en seguir los criterios especificados, habrá consecuencias por esta falta, de la misma manera que habría consecuencias si estuvieran en el ejército y desobedecieran una orden del Comandante en Jefe".

En resumen, "el jefe del Ejecutivo ha ordenado que las leyes que requieren la extirpación de los inmigrantes ilegales que entran en conflicto con [el plan del presidente] no se deberían ser implementadas, y que cualquiera que trate de hacerlo, será castigado".

Hanen también desestimó la pretensión del gobierno de que sufriría un perjuicio irreparable si el interdicto no se levanta. Llegó a la conclusión de que "no hay una necesidad emergente o apremiante para este programa" y "la balanza de la justicia favorece enormemente a los Estados".

Los abogados del Departamento de Justicia mostraron una 'falta perceptible de sinceridad'

En la segunda orden sobre el Aviso presentado ante el tribunal, el juez Hanen presentó un análisis mordaz de la mala conducta del Departamento de Justicia en engañarlo sobre la ejecución del plan de amnistía del presidente:

Esta Corte espera que todas las partes, incluyendo al Gobierno de los Estados Unidos, para actuar de manera directa y no esconderse detrás de las representaciones engañosas y verdades a medias. Por eso, sea cual sea el motivo de las acciones del Gobierno en esta materia, la Corte está extremadamente preocupada por las múltiples representaciones hechas por los abogados del Gobierno –tanto por escrito como de forma oral– que no se tomaría ninguna acción ... hasta el 18 de febrero de 2015. 

Hanen dijo que las declaraciones hechas por los abogados del Departamento de Justicia "indica una falta perceptible de sinceridad".

Los abogados del Departamento de Justicia incluso pueden estar en problemas por su demora en contarle a Hanen sobre este problema: "la explicación por el abogado de los demandados por su conducta después del hecho es aún más problemático para el Tribunal".

El Departamento le dijo a Hanen que desconocían que había un problema hasta que leyeron su orden de interdicto 16 de febrero, y que luego tomaron medidas correctivas "rápidas" de informarle a la corte, pero Hanen dijo que "la afirmación es desmentida por los hechos". El Aviso no se presentó hasta el 3 de marzo, así que por dos semanas después de la orden de interdicto del 16 de febrero, "el Gobierno no hizo nada para informarle a la Corte de los 108,081" aplazamientos que habían sido emitidos.

En lugar de ello, el 23 de febrero, el gobierno presentó su "Petición para Suspender" el interdicto con Hanen, diciendo absolutamente nada en esa petición acerca de este problema. En cambio, "misteriosamente, lo que se incluyó" en la petición del Departamento de Justicia fue solicitar que Hanen emitiera una decisión para el 25 de febrero, dentro de dos días:

Si esta Corte hubiera dictaminado de acuerdo al programa solicitado por el Gobierno, habría emitido un fallo sin que la Corte o los Estados supieran de que el Gobierno había concedido 108,081 solicitudes ... a pesar de sus múltiples representaciones de lo contrario ... Sin embargo permanecieron en silencio. Peor aún, instaron a que este Tribunal diera un dictamen antes de revelar que el Gobierno ya había expedido 108,081 renovaciones de tres años ... a pesar de su declaración de lo contrario.

Hanen va tras los abogados del Departamento de Justicia aún más, especialmente sus afirmaciones de que actuaron "sin demora" para aclarar cualquier "confusión" que pueden haber causado: "Pero los hechos muestran claramente que estas declaraciones son falsas. El Gobierno hizo otra cosa que actuar ‘sin demora’ para aclarar la confusión que el Gobierno creó".

Juez: Los abogados del Departamento de Justicia no siguieron la ética profesional

Hanen cita la Sección 3.3 de las Reglas Modelo de Conducta Profesional de la Asociación Americana de Abogados y de la sección correspondiente de las Reglas de Texas, que requieren franqueza absoluta por un abogado en sus relaciones con la corte:

Fabricaciones, inexactitudes, verdades a medias, omisiones ingeniosas, y la incapacidad de corregir errores puede ser aceptable, aunque lamentable, en otros aspectos de la vida; pero en la sala del tribunal, cuando un abogado sabe que tanto la Corte y el otro lado están confiando en toda franqueza, esa conducta es inaceptable.

Debido a la mala conducta del gobierno, el juez Hanen consideró anular sus peticiones, y señaló que "en otras circunstancias", que "muy bien podría hacerlo". Pero no lo hizo porque, según dijo, eso terminaría efectivamente el caso.


El muro fronterizo corre varios kilómetros a través de una zona rural al este de Brownsville. (Foto: Bob Daemmrich / Newscom)

Debido a que las cuestiones en juego "tienen importancia nacional y merecen ser considerados plenamente en los méritos", Hanen concluyó que "los fines de la justicia no serían servidos anulando los alegatos en este caso". Le advirtió al Departamento de Justicia, no obstante, que su decisión "no prohíbe esta sanción en el futuro si el orden de los hechos y la ley justifican esa acción" y que su decisión no lo deja "impotente para imponer un remedio apropiado" por la mala conducta del gobierno.

Además de acceder a la petición de los estados para el descubrimiento, Hanen le ordenó al Departamento de Justicia que produjera "cualquier y todos los borradores del Aviso del 3 de marzo de 2015", incluyendo todos "los metadatos y todos los demás elementos tangibles que indican cuando cada borrador del documento fue escrita y / o editado o revisado", así como los nombres de cualquier persona que sabía sobre el Aviso o actividad del Departamento de Seguridad Nacional, o revisado, y la fecha en que se produjo. Ordenó que ninguno de los documentos, correos electrónicos, registros informáticos, discos duros o servidores que tienen información con respecto a este Aviso sean "destruidos o borrados". Y él le dio al Departamento de Justicia sólo hasta el 21 de abril para proveer toda esta información.

Esa es una tarea difícil, pero el juez Hanen está claramente decidido a descubrir quién sabía de este engaño, y bien puede considerar personalmente sancionar a esos abogados u otros funcionarios que estuvieron involucrados una vez que llegue esa información.

Esta es otra gran pérdida para el gobierno y da a los estados la capacidad de cuestionar la credibilidad del gobierno en la apelación que está pendiente. El Departamento de Justicia entrará en la próxima audiencia ante el Quinto Circuito, con lo que la profesión legal llama "manos sucias", que es cuando los abogados se dedican a la mala conducta profesional y ética. Eso ciertamente no ayudará al gobierno ganar su caso.